El Gobierno de Canarias empezara a utilizar drones profesionales para labores de control de pesca furtiva, con el fin de sacar mucho más rendimiento a sus servicios de inspección y llegar a zonas que son de muy difícil acceso, sitios que muchos pescadores furtivos usan para no ser detectados.

Las sanciones a las que se exponen los pescadores furtivos van en el rango entre los 3.000 euros y los 60.000 euros, estos individuos usan la escarpada costa para no ser detectados y evitar el control de sus actividades ilícitas. Para superar estos obstáculos el Gobierno de Canarias ha decidido apostar por el uso de las nuevas tecnologías para combatir este mal, y llegar a sitios que antes eran casi prácticamente imposibles, de acceso muy difícil o lugares totalmente remotos. Estos drones recabaran información mediante la obtención de fotografías o imágenes de vídeo de sus actividades.

El Gobierno de Canarias prevé empezar a utilizar los drones con ese fin desde este mes de febrero, después de haber realizado las gestiones necesarias para poder implantar este tipo de inspecciones aéreas. Esas gestiones incluyen la adquisición de dos drones propios del Gobierno y la contratación de otros más a empresas especializadas en la materia que, además, prestarán sus servicios técnicos en el manejo de los aparatos, debido a que el Ejecutivo carece de inspectores con la formación y la acreditación que legalmente se exige para pilotarlos.

Una actividad ilegal de cuyo volumen ha dicho el consejero no poder ofrecer datos, que tampoco ha precisado la inversión que se ha realizado o planea hacer el Gobierno en adquisición de drones, contratación de servicios y formación técnica de inspectores para desarrollar su proyecto de usar drones a fin de combatirla.